El mundo está entrando en una década definida por dos duras realidades: un aumento demográfico histórico y finanzas públicas más restrictivas.
En los próximos 10 a 15 años, más de 1000 millones de jóvenes que viven en países en desarrollo alcanzarán la edad laboral. Merecen los ingresos, la estabilidad y la esperanza que solo un empleo puede proporcionarles.
Sin embargo, las proyecciones actuales indican que se crearán muchos menos puestos de trabajo. La brecha es grande y va en aumento; se exacerba con cada crisis: conflictos, desastres naturales e inestabilidad económica.
Al mismo tiempo, los Gobiernos de todo el mundo están funcionando con un margen fiscal limitado. Los niveles de deuda son elevados, el crecimiento es desigual y las exigencias sobre los presupuestos públicos continúan aumentando. La escala del desafío demográfico es monumental, pero la escala de recursos públicos disponibles no lo es.
Ningún país puede hacer frente a este contexto por sí solo. Y ningún modelo tradicional de desarrollo —basado principalmente en el gasto público— puede igualar su magnitud.
Si los países logran crear empleos a gran escala, los beneficios se extenderán mucho más allá de sus fronteras: crecimiento más sólido, cadenas de suministro más resilientes y mayor estabilidad. Si fracasan, las consecuencias también traspasarán los límites nacionales, a través de la desaceleración del crecimiento mundial, el aumento de las presiones migratorias y la intensificación de la fragilidad.
La pregunta no es si esta transformación reconfigurará la economía mundial; la pregunta es si responderemos de una manera que transforme la presión demográfica en oportunidades compartidas.
El Grupo Banco Mundial ha centrado su labor en una idea simple: el desarrollo debe evaluarse por los resultados obtenidos, es decir, los empleos creados, el aumento de los ingresos, el alivio de la pobreza y la ampliación de las oportunidades.
Ese enfoque se basa en tres factores. Primero, invertir en infraestructura, tanto física como humana. Segundo, crear un entorno empresarial en el que las empresas puedan operar y crecer. Tercero, movilizar capital privado a escala.
Estos pilares se refuerzan mutuamente. Pero sin el segundo —un entorno propicio—, ni la inversión pública ni el capital privado se traducirán en empleos.
Por este motivo, el Comité para el Desarrollo, el órgano rector del Grupo Banco Mundial, centra las Reuniones de Primavera en las condiciones normativas y regulatorias que permiten a las empresas iniciar actividades, operar, expandirse y —claro está— contratar personal. Es importante mantener el foco en esta cuestión incluso en épocas turbulentas.
El entorno propicio para los negocios no es algo abstracto; es práctico.
Significa contar con reglas claras, con regulación previsible, con contratos que se cumplen, con permisos que se obtienen a tiempo, con sistemas tributarios que son comprensibles y con sistemas financieros que canalizan el capital hacia usos productivos.
Cuando estos elementos están presentes, se ven las inversiones de empresas de todos los tamaños. Cuando no es así, el capital queda al margen.
Las evidencias son uniformes en todas las regiones y niveles de ingreso: la incertidumbre regulatoria no es solo un obstáculo para el crecimiento; también es un factor decisivo para la inversión.
Esto es importante porque el sector privado genera la mayor parte de los puestos de trabajo. Los Gobiernos pueden sentar las bases, pero los emprendedores y las empresas crean el empleo.
Por esto, el entorno propicio es un multiplicador de fuerzas. Convierte los insumos —caminos, energía, habilidades— en resultados: empresas que crecen y personas que trabajan.
Las reformas necesarias no son teóricas; son prácticas y, a menudo, conocidas.
Para los emprendedores y las microempresas, hablamos de un registro más sencillo, menos capas de burocracia y acceso a herramientas financieras básicas que les permitan sobrepasar el nivel de subsistencia.
Para las empresas pequeñas y en crecimiento, se trata de permisos simplificados, impuestos predecibles, derechos claros sobre la tierra y acceso a capital de trabajo.
Para las empresas más grandes, esto implica marcos de competencia que mantengan abiertos los mercados, sistemas de adquisiciones transparentes y procesos comerciales y aduaneros que permitan la integración en las cadenas de valor globales.
En todos los casos, lo básico es lo más importante: estabilidad macroeconómica, previsibilidad regulatoria e instituciones que funcionen de manera coherente. Sin estos elementos, las empresas seguirán siendo pequeñas, informales e incapaces de crear empleos a gran escala.
La lección es sencilla: la inversión viene de la mano de la previsibilidad.
Suecia ha demostrado que la competitividad depende no solo del capital, sino también de la calidad de las instituciones que lo respaldan. Las reglas claras, una administración pública eficiente y un entorno empresarial que reduce las fricciones y garantiza la igualdad de oportunidades para toda la población son elementos fundamentales para el crecimiento.
Los esfuerzos recientes de Suecia para simplificar la regulación y mejorar los procesos de obtención de permisos reflejan un principio más amplio: cuando los Gobiernos reducen la incertidumbre y mejoran la implementación, allanan el camino para que las empresas puedan invertir, expandirse y contratar personal.
Estas enseñanzas también resultan pertinentes en otros lugares, mucho más allá de los límites del país. En numerosas economías en desarrollo, la principal limitación no es solo el acceso al financiamiento; es también la falta de certeza regulatoria y capacidad de implementación, factores que permiten que el financiamiento se convierta en inversión, y la inversión en empleo.
El Grupo Banco Mundial trabaja para ampliar la escala de dichas reformas de manera estructurada.
A través del Banco de Conocimientos, estamos reuniendo décadas de experiencia sobre qué funciona y qué no. Por medio de nuevos modelos de interacción con los países, estamos vinculando los diagnósticos, las reformas normativas y el financiamiento en programas coherentes centrados en la creación de empleo y el alivio de la pobreza.
Y gracias a herramientas como Business Ready y La Mujer, la Empresa y el Derecho, identificamos las brechas regulatorias que frenan el crecimiento y la participación, y trabajamos con los países para abordar los obstáculos que limitan las oportunidades económicas de las mujeres.
No se trata de reformas aisladas. Se trata de construir sistemas que permitan a las empresas crecer con el tiempo.
El aumento demográfico que se avecina no se puede enfrentar únicamente con presupuestos públicos. Tampoco puede abordarse con enfoques fragmentados.
Requiere una colaboración basada en el interés común y centrada en los resultados.
Eso significa ayudar a los países a construir infraestructura, pero también implica ayudarlos a crear los entornos regulatorios que permiten que las empresas prosperen.
Significa utilizar los escasos recursos públicos para reducir el riesgo y atraer capital privado. Y significa medir el éxito no por los compromisos asumidos, sino por los empleos creados.
Si hacemos las cosas bien, la próxima puede ser una década de mayores oportunidades, en la que los jóvenes encuentren trabajo productivo, las economías crezcan y la estabilidad se fortalezca.
Si no hacemos las cosas bien, las consecuencias se sentirán mucho más allá de los límites de cualquier país.
Para transformar la presión demográfica en prosperidad compartida se requerirá disciplina, colaboración y liderazgo.
Esa labor debe comenzar ahora, y debe hacerse entre todos.
